• Cualquier agente del ICE o de la Patrulla Fronteriza que cometa un delito debe ser investigado, acusado y procesado conforme a la ley, sin inmunidad ni trato especial.

• Todos los tiroteos en los que estén involucrados agentes y los incidentes en los que se haya hecho uso excesivo de la fuerza deben dar lugar a una investigación inmediata por parte de terceros, sin interferencias internas ni retrasos.

• Crear un registro público obligatorio de conductas indebidas comprobadas, de modo que el comportamiento pasado de un agente le acompañe y sea revisado antes de cualquier futura contratación por parte de organismos federales, estatales o locales.

Derogar la Ley Laken Riley en su totalidad. Poner fin a la detención obligatoria basada únicamente en el arresto. Controlar los poderes de deportación sin restricciones para que sean los jueces, y no los políticos, quienes decidan sobre cada caso individual basándose en las pruebas, las circunstancias y la ley.

• Aplicar la ley antimascarillas de Nueva York contra los agentes federales que operan en público, con excepciones de seguridad específicas y limitadas.

• Exigir una identificación clara y visible para todas las medidas de ejecución públicas.

• Establecer refugios seguros protegidos legalmente en escuelas, hospitales, tribunales, albergues y lugares de culto.

• Impulsar la Ley ICE Firewall para establecer una línea firme y aplicable entre la seguridad de la comunidad y la aplicación de las medidas de deportación.

Proteger. No deportar. Defender los derechos.

Garantizar la representación legal de todas las personas en los procedimientos de inmigración. Poner fin a la detención indefinida estableciendo plazos claros. Restablecer la equidad y la coherencia en un sistema que ha abandonado ambas cosas.

Poner fin a la separación familiar como política o práctica. Proteger a los padres y cuidadores de la deportación que dejaría atrás a los niños ciudadanos estadounidenses. Dar prioridad a la reunificación familiar en todas las decisiones sobre política de inmigración.

Defender el estatus de protección temporal para los trabajadores que han construido sus vidas y contribuido a nuestras comunidades. Hacer cumplir los derechos laborales independientemente del estatus migratorio. Tomar medidas enérgicas contra el robo de salarios y las condiciones de trabajo inseguras. Garantizar que los trabajadores puedan denunciar los abusos sin correr el riesgo de ser deportados.

Prohibir el intercambio local de datos con el ICE o el DHS sin una orden judicial. Proteger la información que obra en poder de escuelas, hospitales, agencias inmobiliarias y organizaciones sin ánimo de lucro, de modo que los datos personales recopilados para ayudar a las personas nunca se utilicen en su contra.

Garantizar el acceso a la asistencia sanitaria de urgencia, la ayuda para la vivienda, la ayuda en caso de catástrofes y la protección de las víctimas de violencia doméstica y acoso laboral, sin la amenaza de la deportación. Nadie debería tener que elegir entre buscar ayuda y mantener unida a su familia.